Justicia, presión y poder

¿Qué significa hablar de Justicia? Justicia es la virtud que nos hace dar a cada uno lo que le pertenece; justicia es derecho, razón y equidad. Y cuando hablamos de justicia inevitablemente pensamos en claridad, en verdad, en democracia, en procesos limpios en los cuales se juzgue a las virtuales personas o acciones involucradas por su verdadera intervención en el hecho a juzgar y no por el capital que cada uno posee en su haber.
Cuando se pide justicia, se pide por hechos que son necesarios esclarecer, por hacer cumplir los derechos básicos, por creer en las instituciones de la democracia, pero desde hace mas de 20 años en nuestro país hablar de justicia es hablar de ineficiencia porque como tantas veces se dice “la Justicia sin inmediatez no es justicia”, y el Poder Judicial de la Nación esta atravesando por una realidad en la que los procesos judiciales se hacen eternos y muchas veces quedan inconclusos y es en esta realidad en que se puede hablar de una total crisis en el sistema judicial argentino.
Este conflicto conduce a un malestar social, que produce una total ausencia de la seguridad jurídica y por lo tanto general, elementos fundamentales para un verdadero desarrollo económico y social.
El malestar social con la Justicia es el producto de incalculables peticiones insatisfechas que a su vez se encuentran con una crisis estructural en la base del país y de cada uno de los organismos públicos dependientes del gobierno, que convierten la situación en crítica. La incapacidad de la Justicia para satisfacer las demandas se potencia por la incapacidad de los responsables en lograr revertir la situación.
El exceso de trabajo, la congestión, la deficiente administración, y también una cultura y tradiciones anticuadas sumadas a las disminuidas capacidades de investigación y prevención de las fuerzas de seguridad y los problemas de superpoblación carcelaria son en rigor de verdad los principales hechos que generan que la crisis judicial sea cada vez más aguda.
Una de las bases de la justicia, y de la actuación de los jueces que los distingue de los demás funcionarios públicos es la absoluta necesidad de su independencia y de su imparcialidad.
En el foro sobre la “Crisis de la Justicia”, la doctora Aida Kemelmajer De Carlucci, miembro de la Corte Suprema de Mendoza, especialista en Derecho Civil, decía “… Después de la incorporación del Consejo de la Magistratura, la creación del Juri de enjuiciamiento en el orden federal, de instituciones que ya teníamos en las provincias, la figura del Poder Ejecutivo y la presión que ejerce sobre los jueces puede estar un poco disminuida. Pero esa presión sigue existiendo. Si es cierto lo que expresan los diarios, creo que el ejemplo más paradigmático de lo que estoy diciendo es porque un juez que puede tener una causa, quizá la más importante de los últimos tiempos en la justicia argentina, como es el descubrimiento de los autores del atentado a la AMIA, ha silenciado que funcionarios del Poder Ejecutivo del actual y del anterior gobierno, a su vez han destruido pruebas, o si no las han destruido han silenciado que otros lo han hecho, no han procesado ni han investigado a los funcionarios que teóricamente habrían cometido estas conductas. Entonces quiero decir que la sombra del Poder Ejecutivo siempre está sobre el Poder Judicial, aún cuando el juez sea totalmente independiente…”, a lo cual agrega “…El Poder Legislativo también ejerce influencias, a veces hasta por omisión. Quizá el ejemplo de lo que estoy diciendo pueda ser el problema que tienen todas las provincias argentinas respecto del recorte salarial: muchos jueces han dispuesto medidas cautelares en contra de los Ejecutivos sosteniendo que no se pueden hacer estos recortes, invocando que son facultades del Legislativo, y el Legislativo mira para otro lado, no dice nada, no dice ni sí ni no, no ratifica los decretos convalidando lo que puede haber echo el Ejecutivo. Entonces el Legislativo, incluso a veces hasta por omisión, también lanza este manto que el atribulado juez recibe…”
De Carlucci, que fue señalada muchas veces como futura integrante de la Corte Suprema, señala que los poderes que ejercen presión sobre el judicial no son solo políticos sino también poderes económicos: “Esto se visualiza muy claramente con la conducta que a veces desde altas magistraturas se tiene con empresas que son las que mayores ganancias tienen y se convalidan leyes que las eximen del pago de impuestos.”
Es con este testimonio con el que se puede comenzar a entender porque la justicia argentina funciona de la manera en que lo hace, porque los procesos son tan largos, y porque la mayoría de los casos quedan sin encontrar justicia.
La República Argentina cuenta con un sistema de separación de poderes en el cual podemos distinguir el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en la base de un Estado Democrático, evidentemente la relación de uno con otro es estrecha y hasta por momentos abusiva, y es en esta relación de poderes en que la Justicia comienza a tener sus principales quiebres en su libertad de actuar.
Como bien señala la doctora De Carlucci, son muchos los casos en los que miembros de los gobiernos pasados y también del actual están involucrados, para señalar los mas relevantes deberíamos mencionar el caso AMIA, el caso de coimas en el Senado de la Nación, la venta de armas, etc.
Pero hablar del actual gobierno en términos de justicia es hablar de presiones constantes, tanto del presidente Néstor Kirchner como de sus miembros de gabinete. En reiteradas ocasiones han solicitado a los jueces que intervienen en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la ultima Dictadura Militar que realicen un rápido accionar en la resolución de estos casos, y que aceleren los interrogatorios para dar un rápido final a estas causas, prohibiendo también a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad ampararse en el secreto de Estado ante la Justicia. En el mes de enero cuando el Presidente acompañado por la ministra de Defensa, Nilda Garré, firmaron este decreto en el que se exime de ampararse en el secreto de Estado a los integrantes de las fuerzas de seguridad, la ministra decía: “es una medida histórica que demuestra el compromiso del Presidente en la lucha contra toda forma de impunidad”. Pero los objetivos parecen cambiar con el correr de los meses, o solo los casos que mediáticamente favorecen al gobierno nacional son los que deben solucionarse, porque pasado un tiempo comienza a investigarse el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Kirchner en el llamado “caso Skanska”, y es quizás cuando se toca el honor de los miembros del Gabinete presidencial cuando el Poder Judicial comienza a ser un organismo custodiado y asediado por las presiones y las amenazas. Cuando el Juez Javier López Biscayart comenzó a investigar los supuestos sobornos cobrados por los funcionarios públicos, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, denunció ante el Consejo de la Magistratura a López Biscayart, y pidió su juicio político.
Nunca se había llegado tan lejos con las presiones a los jueces; el pedido de juicio político por parte del Gobierno de un juez que investiga la honestidad de funcionarios del propio gobierno batió cualquier récord, y movilizo las aguas de los ríos más tranquilos.
Esta decisión de presionar a López Biscayart no es solo una decisión del ministro del Interior, es una decisión que roza desde cerca la figura del Presidente, y se trata por lo tanto de una decisión política del Gobierno.
La tendencia del Gobierno a presionar sobre jueces que investigan causas que afectan al Poder Ejecutivo debería convocar la reacción de un amplio sector político contrario a los ideales de la actual administración del Estado. Además, no se trata sólo del juez López Biscayart; también está la Cámara de Casación, que debe decidir sobre la situación del preso que mencionó posibles sobornos en el mencionado “caso Skanska”.
Hace unos días, se ha conocido la noticia de que, en lo que va de este año, el Tribunal de Cuentas de la Provincia ha impuesto multas a 47 funcionarios de distintos estamentos del Gobierno provincial que caen bajo su control, por mal uso de los recursos públicos de que deben disponer para el funcionamiento de las reparticiones a su cargo. Desde ministros hasta funcionarios de carrera que juegan un papel en el manejo de fondos, pasando por otros que ocupan cargos de los denominados políticos, han sido observados por el Tribunal y han debido hacerse cargo de pagar multas o, directamente, devolver fondos faltantes por gastos de los cuales no hay debida justificación.
A todo lo expuesto, debe sumarse lo que ahora investiga la Justicia en torno de la presunta mala asignación de los tickets Vale Más, destinados por el Gobierno para la ayuda a los más pobres y que se presume que en parte fueron desviados hacia personas que no los necesitan. Hasta se indica que pudieron salir partidas con numeración duplicada que finalmente debieron ser redimidos por el Estado. Las sumas presuntamente malversadas no son menores, ya que se habla de centenares de miles y hasta millones desviados de su objetivo original de auxiliar a los pobres.
El caso Skanska y también estos recientes casos de malversación de fondos, seguramente quedaran archivados en algún Tribunal, simplemente porque afectan la figura de un Gobierno que no se cansa de imponer ideas autoritarias y de abusar de un poder que el pueblo les ha dado para administrar y no para dominar ningún poder, tampoco el Poder Judicial.
Es quizás, la falta de información o el desinterés del común de las personas lo que lleva a que este tipo de casos dejen de estar en el tapete de todas las noticias, y queden encajonadas en las amplias oficinas del Poder Judicial de la Nación.
La doctora De Carlucci señala también que: “El problema de la Justicia argentina es que no cumple con la Convención Interamericana de los derechos humanos que dice que toda persona tiene derecho a que su causa se resuelva en un tiempo razonable. El día que entendamos que el tiempo es la vida de la gente, lograremos recuperar parte del prestigio que hemos perdido en la sociedad”.
Y es acertado lo que señala De Carlucci, el principal problema de la justicia argentina es la demora que tiene cada una de las causas, lo que provoca que muchas victimas de delitos o de situaciones que deberían llegar a la justicia pasen inadvertidas en la sociedad simplemente por el hecho de que el ciudadano argentino promedio no cree en el Poder Judicial. Siempre se señala la insatisfacción con los jueces, las amistades con los magistrados que en muchos casos sirve de excusa necesaria para que las imputaciones judiciales pasen muy lejos de los Tribunales.
Desde hace años el Poder Judicial fue integrado por distintos niveles, jueces de la primera jerarquía de la Corte Suprema, luego Cámaras, etc. Con el transcurso del tiempo empezaron los graves problemas a partir de una justicia lenta, ineficiente, cárceles saturadas de presos esperando sentencia, cantidades numerosas de personas que no pueden acceder a los estrados judiciales, y este esquema tradicional apto para atender el paso de la sociedad tradicional a una de masas empezó a hacer agua y los remedios fueron paliativos aumentando la cantidad de jueces y alguna tímida reforma en los códigos, en particular en los procésales, porque datan salvo el Penal del siglo antepasado.
La recuperación de la democracia en la década del 80, tanto en la Argentina como en los demás países de la región trajo la esperanza de que los regímenes basados en la desigualdad pudieran superar la pobreza, la desigualdad, las dificultades sociales. El tiempo ha transcurrido y la pobreza ha aumentado, la marginación también, aumentó la desigualdad y esto ha traído como consecuencia una muy fuerte deslegitimación, tanto de los distintos actores políticos como de las instituciones. Corrupción, clientelismo, una marcada ineficiencia de los recursos públicos, pero lo cierto es que cunde en la sociedad un muy fuerte desencanto y esto paradójicamente ha traído la irrupción de este nuevo actor, porque ya no se trata de que se le reclame al juez para que se le reconozca derechos, los derechos se encuentran hoy en día generosamente reconocidos en una gran cantidad de pactos, tratados, y leyes, lo que se demanda a los jueces es su vigencia, su cumplimiento. También se les pide a los jueces acerca del control de los actos de gobierno, la constitucionalidad o legalidad de sus decisiones, se les reclama a los jueces la corrupción, que persigan el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. El aparato judicial argentino no estaba preparado para absorber esta demanda, y no estaba preparado porque muchas voces reclaman justicia: la pobreza exige justicia, la desigualdad exige justicia, la impunidad reclama justicia y el desarrollo económico y social también reclama una justicia eficiente.
Por otra parte, Ricardo Gil Lavedra , ministro de Justicia durante la presidencia de Fernando De La Rúa y camarista en el juicio a los ex comandantes, señala que “hasta el presente el poder judicial ha tenido un rol relativamente insignificante en la vida institucional, seguramente una dependencia exagerada del Poder Ejecutivo, una gran actuación de aquellas cuestiones políticas no justiciables que llevaron a que la Corte Suprema ejerciera un control de constitucionalidad muy débil, la conformación de un poder judicial burócrata, casi corporativo, en los últimos años la idea de un juez aséptico, casi eunuco, cuya única misión era aplicar las leyes, no importara que fuera un gobierno democrático o de facto, el juez era una especie de técnico encerrado en una cápsula de cristal y en estas circunstancias a la vez de que se demanda por la justicia, también sufre o padece el descreimiento público”.
Es justamente esta dependencia exagerada que señala Gil Lavedra lo que paraliza al Poder Judicial, por lo cual se necesita un Poder Judicial suficientemente autónomo y dotado de autoridad y capacidad para diversos aspectos de la vida democrática, y para la legitimación de la democracia es importante que la justicia llegue a la gente común, que ellos sientan que con la democratización su relación con el Poder Judicial ha cambiando en numerosos aspectos que tienen que ver con su vida cotidiana.
Existen dos grandes déficits de la justicia. Por un lado el déficit institucional vinculado principalmente con la estrecha relación de los jueces con el Poder, es decir la falta de independencia, por supuesto que un juez debe ser autónomo, por la propia índole de sus funciones y tradicionalmente los jueces tienen dos grandes tareas: resolver conflictos individuales y otra tarea más compleja y polémica que es la de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes, para esta tarea deben gozar de cierta autonomía e independencia que hacen a la imparcialidad para poder redimirlos.
En este sentido las fuertes sospechas y las malas políticas de los gobiernos para tratar de influir en las decisiones judiciales, a llegado a la idea de que la gente sienta que hay una muy fuerte dependencia judicial.
El ex ministro de justicia de Fernando De La Rúa, Ricardo Gil Lavedra, dice que el camino para solucionar este déficit está abierto, y que no hay otra manera de solucionarlo que poder tener buenos jueces, y ¿ cómo se tienen buenos jueces? asegurando criterios de designación correctos en base a criterios objetivos, selecciones eficaces en base a sus méritos tratando de eliminar el clientelismo político en sus designaciones; remover a los malos jueces de una manera eficiente, clara y transparente; y capacitarlos si queremos tener buenos jueces.
El segundo gran déficit es el que se vincula con la eficiencia de la justicia. Una justicia que es lenta, que no resuelve las cosas, y el centro de la cuestión es el acceso a la justicia de los sectores de menores recursos: el gran desafío pendiente de las administraciones gubernamentales.
Gil Lavedra comenta al respecto: “Yo creo que no es eficiente la justicia. En los últimos diez años, Argentina ha casi duplicado su presupuesto en justicia: 1.300 millones en el año 1991 en todo el país, a 2.500 millones, 2.700 millones en realidad, en el año 2000. ¿Esto se ha traducido en una mejora apreciable o se han reproducido los viejos organismos, nombrando las mismas estructuras judiciales? Argentina tiene en su incidencia dentro de su producto bruto 0,94% de gasto judicial, esto comparado con otros países de la región es muchísimo: tiene en este momento 0,17% Chile, 0,36% Uruguay, un poco más Colombia, y no voy a hablar de países desarrollados, España tiene 0,26%, pero acá puede haber un piso del gasto a partir del cual las diferencias no sean las mismas. Esto se produce porque resta mucho por hacer para tratar de hacer más eficiente el servicio de justicia”.
Así como señalamos a la justicia como un poder, debemos tener en cuenta que también es un servicio público y como tal tiene que ser eficiente y para poder saber si lo es hace falta hacer un control. No es lógico que en un mismo juzgado haya un juez que decide seis sentencias y otro magistrado que tenga que trabajar con cien sentencias, no puede ser que a uno le toquen las causas más difíciles y al otro las más fáciles, si bien las sentencias no se pueden medir en números, los controles cuantitativos hay que hacerlos de todas maneras.
Y en términos generales la palabra que resume los dichos de las personas que abordamos es “eficiencia”, y para afirmar eso mencionare a Richard A. Posner, economista y magistrado desde 1981 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que presidió de 1993 a 2000, cuando escribe que: “Un segundo significado de Justicia, el más común yo diría, es simplemente eficiencia”, es esta palabra la que marca la deficiencia del sistema judicial argentino, pero surge en esto un nuevo interrogante ¿la preocupación por la “crisis de la Justicia” es consecuencia de que no se dedican suficientes recursos públicos a la provisión de servicios de Justicia?. Se podría decir que no, la evolución del indicador del gasto público federal en Justicia respecto al PIB para la Argentina y Estados Unidos, muestra que el gasto de la Argentina es sistemáticamente superior al de Estados Unidos. Lo notable es que no se posee un gasto promedio por cada causa judicial a investigar, cuestión que en muchos puntos lleva a dudar del mal manejo de los fondos otorgados para la investigación, que es justamente el punto más flojo de todos los procesos judiciales.
En Argentina, sólo 66 por ciento de los casos iniciados son resueltos y se supone que los casos en trámite iníciales tienen un promedio de duración de dos años. Los casos iníciales que no se resuelvan en el año en que se inician pasarán a formar parte de los en trámite, y se supone que lo harán con una duración promedio de seis meses. Por tanto, el exceso de demanda que implica la alta tasa de crecimiento de los casos en trámite es un importante impedimento, entre otros, a acceder a la Justicia y es una consecuencia directa de la ineficiencia de la gestión de los recursos públicos.
Todo esto es lo que conduce a ver de manera clara la relación que el Poder Judicial de la Nación tiene con los demás poderes, especialmente con el Poder Ejecutivo, la relación peligrosa que conduce a que la justicia sea para unos pocos, y que determinadas clases de la sociedad deje de creer en este servicio publico, y comience a hacer justicia “por mano propia”. Y también como los fondos destinados a la justicia son dilapidados en causas que no llevan al caso de este análisis, pero cabe preguntarse una y otra vez ¿Por qué contando el Poder Judicial con fondos superiores a los utilizados, los procesos son tan complicados, y los Tribunales están repletos de causas sin resolver? Hay dos posibilidades claras, o bien el dinero que el Gobierno otorga a la Justicia es desviado a fondos personales, o se genera un total descontrol de los mismos.
Claramente las causas judiciales, ya sean asesinatos, robos, secuestros, coimas, etc. son investigadas de forma leve, y resueltas en muchos casos según la posición económica de los imputados, pero así también se ejerce una fuerte presión de la prensa y de los casos que ella propone como noticia, que llevan a la opinión publica a replantearse el accionar de la justicia.
La justicia de opinión que se atribuyen los medios y que el público demanda, sin la debida protección de los derechos individuales, se difunde cada vez más. Los espacios institucionales vacantes o ineficientes, se ocupan de manera informal e imperfectamente.
La lucha por la justicia, la lucha por el derecho hoy parece que es una cuestión muy relevante, las normas modifican las preferencias y aseguran las expectativas, en estas condiciones creo que hoy la lucha por el derecho y la vigencia de la ley es una alternativa válida para los que quieren una sociedad más equitativa, igualitaria y más justa.
Pero la alternativa debe darse consiguiendo que el Ejecutivo deje de presionar al Poder Judicial que se ve abarrotado de opiniones y decisiones que ya no pasan por sus manos sino por la elección de los altos funcionarios.
Por estas razones es que el rio suena cuando el Presidente decide candidatear a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales, porque Kirchner habla de "profundizar el cambio", y para eso si su mujer accede a la presidencia deberá otorgar la suficiente independencia a la Justicia que su marido no ha sabido otorgar en los últimos cuatro años.
La justicia sigue siendo un tema de análisis pero la única solución para que sea justa es independizarla del Poder Ejecutivo y ejercer desde el mismo Poder Judicial un correcto control de los fondos, para así agilizar las causas y conseguir una rápida justicia para todos.